Luego del traspié el mes pasado durante las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional acordó con los gobernadores que volverá a enviar al Congreso en los próximos días una nueva versión más acotada y precisa del proyecto de "ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".
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Luego del traspié el mes pasado durante las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional acordó con los gobernadores que volverá a enviar al Congreso en los próximos días una nueva versión más acotada y precisa del proyecto de "ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".
El borrador incluye el capítulo fiscal que el Poder Ejecutivo había decidido borrar del dictamen cuando empezó a embarrarse la discusión con los bloques dialoguistas, y prescinde de un gran abanico de temas accesorios como seguridad, cultura y educación.
También incluirá la reposición del impuesto a las ganancias, ahora renombrado como "impuesto a los ingresos personales".
El primer título del proyecto hace referencia a la declaración de la emergencia y la delegación de facultades: de las once planteadas originalmente y las seis que se votaron en el último dictamen, quedaría apenas cuatro emergencias por un plazo de un año: administrativa, económica, financiera y energética.
Es decir que por fuera de la línea de corte quedaron la emergencia tarifaria y la de seguridad, que habían sido objeto de fuerte controversia durante el verano.
El segundo título está vinculado a la Reforma del Estado y allí radican los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional. Se habilita a eliminar reparticiones, fusionar estructuras, disolver parcial o totalmente organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente. Quedan excluidas las universidades nacionales, el Conicet e INTA.
Otros temas
Fondos fiduciarios: el punto donde se había empantanado la discusión en febrero pasado, el Ejecutivo vuelve a la carga y propone la modificación, disolución o extinción de los fideicomisos públicos y la reversión de sus recursos al Tesoro Nacional hasta la próxima ley de presupuesto.
Privatizaciones: el Gobierno restringirá a no más de 13 empresas sujetas a privatización.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS): las acciones de empresas se consolidan dentro de Anses y no se transfieren al Tesoro, lo cual las haría embargables.
Contratos vigentes y acuerdos transaccionales: se habilitará a renegociar o rescindir contratos de determinadas características y montos bajo determinadas circunstancias de emergencia.
Movilidad previsional: se propone una fórmula en base a un ajuste mensual por IPC desde abril, y 10 puntos porcentuales de recomposición para compensar parcialmente la pérdida de ingresos reales de las prestaciones en el primer trimestre.
Nuevo régimen de blanqueo laboral: con facilidades y exenciones impositivas para la contratación de personal registrado.
Desregulación económica: comprende la modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que atenten contra la libre competencia, eleven costos, generen escasez o produzcan algún otro tipo de distorsión de mercado.
Paquete fiscal: es la gran novedad del acuerdo entre Nación y las provincias. Incluye una moratoria impositiva para regularizar obligaciones tributarias, aduaneras y de la Seguridad Social, y también un blanqueo de capitales para suma mayores a los 100.000 dólares y al que se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024. También sumará el impuesto a las Ganancias, cuyo piso de $1.500.000 como propone el Gobierno para la cuarta categoría, es resistido por algunos gobernadores.