Las democracias contemporáneas, con sistemas de gobierno presidencialistas, cimientan la gobernabilidad alcanzando mayorías calificadas en las cámaras de diputados y senadores, obtenidas por acuerdos y alianzas parlamentarias.
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Las democracias contemporáneas, con sistemas de gobierno presidencialistas, cimientan la gobernabilidad alcanzando mayorías calificadas en las cámaras de diputados y senadores, obtenidas por acuerdos y alianzas parlamentarias.
En épocas como las actuales, donde se cuestiona la representación política y la democracia, es necesario entrever que Argentina también es parte de esta crisis global, a la que se suma una de las crisis políticas y económicas mas grave de los últimos cuarenta años. A la sazón, poner en foco la lógica del funcionamiento del congreso nacional y su importancia institucional, es estratégico para comprender como lograr los equilibrios políticos que coadyuben a gobernar.
En este sentido, recordemos, que el Congreso y los partidos políticos fueron claves en el primer gobierno del expresidente Carlos Menem, en el año 1989, que contó con acuerdos políticos de la UCR, con el fin de conformar las mayorías necesarias para aprobar las leyes requeridas por el nuevo gobierno. También Eduardo Duhalde, en el año 2002, consolidó acuerdos con todos los partidos políticos para salir electo en la Asamblea Legislativa y luego poder gobernar. Luego Néstor Kirchner fue electo presidente con el 22% de los votos, por lo que su presidencia se caracterizó por la política de fortalecimiento del Poder Ejecutivo y la llamada "transversalidad" de acuerdos con todos los partidos políticos.
La historia política, nos enseña, que los acuerdos entre los partidos políticos y los parlamentarios fueron el camino que permitió sortear intentos de golpes de estado, hiperinflaciones y tener cinco presidentes, en siete días, en razón del funcionamiento adecuado de vacancias y reemplazos previstos en la Constitución Nacional. El sistema democrático, modeló las crisis aportando salidas institucionales que posibilitaron volver a elegir y cambiar presidentes de distintos signos políticos, es decir, el parlamento es el poder que puede resolver las vacancias y debilidades del poder ejecutivo.
Por estas razones, el poder legislativo es estratégico en el diseño y construcción de mayorías para gobernar, siendo la clave para cualquier gobierno que se proponga políticas duraderas y paz social.
La reciente integración del Congreso, a partir del 10 de diciembre del año pasado, nos muestra que el bloque oficialista no pertenece a la primera ni a la segunda minoría en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. El resultado de la primera vuelta electoral que asignó las cuotas de poder que tendría cada partido dio un Congreso dividido en fracciones, Unión por la patria, Pro, UCR, Cambio Federal, otros bloques unipersonales y el bloque oficialista. De esta manera, la ciudadanía con su voto pone a prueba la división de poderes y los mecanismos de pesos y contrapesos en que se fundan la legitimidad y validez de las leyes que sancionan los parlamentos.
El mensaje de la ciudadanía es claro: la gobernabilidad depende de los acuerdos políticos logrados en el Congreso. Sin que esto signifique una defección para los que ganaron la elección presidencial, ni una traición a los principios de la oposición.
Sin embargo, a pesar de la crisis, da la impresión de que desde el mensaje oficial se promueve el "todo vale" en términos ideológicos o políticos, es decir, se avalan con frases como "cárcel o bala" a los que no comulgan con el pensamiento oficial o de "coimeros" o "simios" a quienes plantean dialogo y negociación para aprobar las leyes en el Congreso de la Nación.
Pero, además de las frases citadas, se expresan públicamente pensamientos alarmantes, como los de una diputada nacional, que ante la consulta sobre su opinión por un intercambio a voz en cuello del presidente de una comisión con otro legislador, declaraba en un reconocido programa político de la televisión abierta "si esto hubiese sucedido en una empresa, este señor sería despedido, sin duda" "recorrí más de veinte países por mi trabajo (influencer cosplay de superhéroes) y nunca vi una situación así".
Escuchando estas declaraciones públicas de una diputada de la Nación, podríamos ser condescendientes diciendo que habla sin pensar. Sin embargo, estas afirmaciones denotan un pensamiento elaborado respecto al lugar donde desarrolla la labor para la que fue elegida. La legisladora cree que el ámbito público debe emular al ámbito privado, que los usos y costumbres de una empresa pueden y deben ser aplicados en el Congreso de la Nación, está convencida de que quién discute y adopta posiciones contrarias a quienes tienen poder, merecen ser expulsados del lugar porque se malquistó con el "jefe" de turno.
Ante tamañas afirmaciones, debemos tener en cuenta, que los parlamentos – en una de sus acepciones – son la asamblea de los representantes donde se discuten y se resuelven los asuntos públicos.
Además, podríamos hacer memoria recordando algunos hechos que describen la labor y función del parlamento, tales como, el asesinato del senador santafecino Enzo Bordabehere – en los años treinta – en el mismo recinto, en el marco de una reacción contra la acusación al gobierno sobre el negociado con los frigoríficos ingleses esgrimido por el senador Lisandro de la Torre. O en los años cuarenta, cuando el gobierno peronista ordena el desafuero de Ricardo Balbín, que en el uso de la palabra, finalizaba diciendo "Si con irme de aquí pago precio, como cualquier otro de los luchadores de mi partido; si este es el precio por el honor de haber presidido este bloque magnífico, que es una reserva moral del país, han cobrado barato; fusilándome, todavía no estaríamos a mano". También los diez meses que insumió el debate parlamentario, en 1987, sobre la ley de divorcio y tantos otros ejemplos de leyes que se dictaron más recientemente. Como vemos, este corto repaso histórico nos muestra que las empresas tienen otra lógica y función, distinta a la del Congreso que es un ámbito donde estos prohombres defendían sus ideas, es decir, discutían proyectos que cambiarían la vida de sus coetáneos, dejando, algunas veces su propia vida.
Entonces, cuando recordamos los gobiernos de los expresidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner y las actitudes y discursos en el Congreso de la Nación, advertimos la lucha por las ideas, el acuerdo y el consenso, que es lo contrario a las actitudes, polémicas declaraciones y pensamientos que expresan un desprecio por el parlamento argentino. En suma, con la ignorancia del devenir histórico de las instituciones de la república, el desconocimiento sobre presupuestos básicos del funcionamiento de los parlamentos y la banalidad de los comentarios sobre la actividad política se está afirmando el camino del faccionalismo y la violencia.
Dicho esto, es de esperar por el bien de todos, que el oficialismo y la oposición consensúen, acuerden y acierten en políticas eficientes y progresistas.